Discurso del Director Nacional de la Defensa Pública, Lic.Rodolfo Valentin Santos ,representando la República Dominicana
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), sobre el tema “Defensoras y defensores de Derechos Humanos”
10 de junio de 2021 – Washington, D.C.
Muchas gracias, Sr. presidente!
Distinguido embajador Josué Fiallo, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.
Permítanme extender un caluroso saludo y agradecimiento a las delegaciones del Uruguay, Canadá, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, y a nuestra delegación de República Dominicana, por el esfuerzo realizado en la coordinación de esta sesión Especial sobre “Defensoras y Defensores de DDHH, Asimismo, agradecemos de manera especial a la comisionada Julissa Mantilla, primera Vice-presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las valiosas informaciones proporcionadas.
En consecuencia, las acciones de los defensores y defensoras de los derechos humanos resultan más indispensables que nunca en nuestra lucha por superar la pandemia de la COVID-19 y mantener las garantías de los ciudadanos y las ciudadanas.
Ante tal situación, es cuando más debemos luchar por el respeto de los derechos humanos, y poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca crear sociedades más Justas, Pacíficas, Solidarias e Inclusivas.
De igual forma, los Estados debemos reconocer que la defensa de los derechos humanos es una actividad indispensable durante los períodos de emergencia y garantizar que quienes realizan esta labor pueden desempeñar con toda la colaboración necesaria, a fin de que todos y todas podamos hacer frente a esta crisis sanitaria de la mejor forma posible. Las defensoras y defensores de derechos humanos, permanentemente, son objetos de acciones represivas, así como en la impunidad de violaciones a sus derechos, en franca trasgresión al núcleo duro de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La labor que llevan a cabo las y los defensores de derechos humanos, es fundamental para la implementación universal de dichos derechos y para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Aunque su labor repercute en beneficio de nuestras sociedades, y merece el continuo reconocimiento internacional, por ser pilares esenciales para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, en muchos casos, son objeto constante, de persecuciones y violencias severas, así como de intimidaciones, con el objeto de desanimarlos, atemorizarlos o silenciar sus denuncias, y reclamos.
Es por lo que se hace sumamente necesario que existan mecanismos de protección eficaces, que su trabajo en la defensa de los DDHH, sea legitimado públicamente, y resguardados desde el momento en que la autoridad pública toma conocimiento de que un defensor ha sido víctima de amenazas en razón de su trabajo.
Es preocupante la cifra que ha publicado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al establecer el registro de los asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe.
Los Estados se encuentran obligados por mandato imperativo del control de la convencionalidad a salvaguardar los derechos de los trabajadores, activistas, asociaciones, abogados, periodistas, sindicalistas, líderes rurales, comunitarios, o cualquier ciudadano que abogue por el respeto de los derechos humanos, y así garantizar que sus voces sean escuchadas.
Las defensoras y defensores de DDHH, merecen todo el apoyo y el respeto de nuestros Estados, contemplando los esfuerzos que realizan cada día dedicando sus vidas a combatir la violencia, a promover sociedades más justas y solidarias, a alejar de nuestra convivencia democrática el privilegio, el abuso y la desigualdad, siempre planteándose el desafío de ampliar su mirada hacia el ancho mundo de los derechos que son vulnerados.
Cabe resaltar el importante desarrollo de los instrumentos regionales relacionados con la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, como lo es la Carta Democrática Interamericana, la cual destaca la relevancia de la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional para el desarrollo de la democracia.
Así como otros marcos legales de apoyo a las tareas que desarrollan las defensoras y los defensores de derechos humanos, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de de dichos derechos en las Américas, a la vez de exhortar a los Estados de la región otorgar las garantías y facilidades necesarias para que puedan ejercer libremente sus tareas.
