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Senador Rodríguez Adames visita al Director de la Defensa Pública
Santo Domingo. – El senador de la provincia Independencia, doctor Dagoberto Rodríguez Adames, realizó una visita de cortesía al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, con el propósito de estrechar lazos institucionales y conocer de primera mano el trabajo que desarrolla esta entidad en favor de los más vulnerables.
Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre el rol que desempeñan los defensores públicos en el acceso a la justicia, resaltando la importancia de garantizar una defensa técnica de calidad a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
El senador Rodríguez Adames aprovechó la ocasión para invitar al director de la Defensa Pública a visitar la provincia Independencia, donde podrá impartir una conferencia en la que exponga la misión y los avances de la institución. Asimismo, felicitó al licenciado Valentín Santos por la destacada labor que realiza al frente de la entidad, reconociendo el esfuerzo de los defensores públicos en la protección de los derechos fundamentales.
De su parte, el director de la Defensa Pública agradeció la visita y la deferencia del legislador, destacando que este tipo de acercamientos fortalecen el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía, especialmente de quienes más requieren asistencia legal gratuita y de calidad.
Director de la ONDP realiza visita de cortesía a la Hermandad de Veteranos
Santo Domingo, R.D.– El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, realizó una visita de cortesía a la Hermandad de Veteranos y Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el propósito de estrechar lazos y reiterar la disposición de la institución de brindar, a nivel nacional, los servicios gratuitos de asistencia jurídica que ofrece la ONDP a veteranos y sus familiares.
La visita tuvo lugar en la sede de la Hermandad, donde el Lcdo. Valentín Santos fue recibido por su presidente, Mayor General (R) Valerio Antonio García Reyes, ERD, junto a miembros de la directiva.
Durante el encuentro, el titular de la ONDP destacó que el cuerpo de abogados de la Defensa Pública está en la mejor disposición de ofrecer acompañamiento legal en todas las jurisdicciones del país, sumándose así al trabajo que realiza la Comisión de Defensa de los Derechos de los Veteranos, la cual ha beneficiado a cientos de exmilitares y policías con la resolución de sus casos judiciales.
La Comisión es coordinada por el General Joaquincito Boció Familia e integrada por el Contralmirante Pablo Díaz, el Teniente Coronel Camacho, el Teniente Coronel Caminero y el Mayor Boció, todos con amplia experiencia en distintas áreas del derecho.
“La defensa de los veteranos es un deber moral y jurídico. Desde la Defensa Pública reafirmamos nuestra disposición de garantizarles un acceso efectivo a la justicia en cualquier parte del país”, expresó el Lcdo. Valentín Santos.
Por su parte, el Mayor General García Reyes agradeció la visita y la disposición de colaboración, poniendo a disposición de la ONDP las instalaciones de la Hermandad, tanto en su sede central como en las filiales provinciales.
Con este acercamiento, ambas instituciones refuerzan sus vínculos en favor del acceso a la justicia y la protección social de los veteranos y pensionados de la República Dominicana.
Defensa Pública celebra 21 años garantizando justicia y libertad
Santo Domingo, R. D.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), órgano constitucional encargado de garantizar el derecho a la defensa técnica de las personas en condición de vulnerabilidad, celebra su 21 aniversario reafirmando su compromiso con la justicia, la equidad y el acceso gratuito a servicios jurídicos de alta calidad en todo el territorio nacional.
Bajo la dirección del licenciado Rodolfo Valentín Santos, la ONDP se ha consolidado como la mayor oficina de abogados en la República Dominicana, brindando representación legal sin costo a quienes no pueden pagar un abogado privado en todas las etapas del proceso penal. Creada mediante la Ley núm. 277-04, la institución ha sido pilar en la consolidación del Estado social y democrático de derecho, ofreciendo defensa técnica, orientación legal y seguimiento a casos de alto impacto social, además de impulsar reformas y visibilizar problemáticas estructurales del sistema penitenciario.
Desde el año 2003 hasta junio de 2025, la Oficina Nacional de Defensa Pública ha atendido 503,413 casos de personas en conflicto con la ley penal, de los cuales 464,470 corresponden a adultos y 38,943 a adolescentes.
Durante la actual gestión, destacan logros como:
Ampliación del cuerpo de defensores públicos: gracias al respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, se realizó un concurso público que permitió la incorporación de 83 nuevos abogados, actualmente en formación en la Escuela Nacional de la Judicatura.
Elaboración de informes carcelarios nacionales: documentos inéditos que revelan la realidad de las cárceles dominicanas, visibilizando el hacinamiento, deficiencias en servicios básicos y violaciones a derechos humanos.
Fortalecimiento de la capacitación y especialización: con programas de formación continua en derechos humanos, perspectiva de género y litigación estratégica.
Participación activa en organismos internacionales: posicionando a la Defensa Pública dominicana como referente en el Caribe y América Latina.
Ampliación de la cobertura territorial: llevando el servicio a comunidades rurales y apartadas para garantizar igualdad de acceso a la justicia.
“El derecho a la defensa es un pilar de la democracia, y en estos 21 años hemos demostrado que en la República Dominicana existe una institución sólida, independiente y comprometida con la justicia social”, afirmó el director Rodolfo Valentín Santos.
La conmemoración de este aniversario reafirma el compromiso de la Defensa Pública de seguir siendo garante del acceso a la justicia, asegurando que cada persona, sin importar su condición económica, pueda ejercer plenamente su derecho a una defensa técnica de calidad.
Oficina Nacional de Defensa Pública celebra jornada de rendición de cuentas de sus coordinadores a nivel nacional
Santo Domingo, R.D.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) realizó una jornada de rendición de cuentas con la participación de los coordinadores de sus distintas oficinas en todo el país, con el propósito de presentar los avances y resultados institucionales, en consonancia con la misión, visión, principios y objetivos estratégicos de la institución.
Este ejercicio de transparencia y evaluación se enmarca en la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la resolución de comportamiento ético de la ONDP, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia en el servicio y la mejora continua.
Durante la apertura, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, enfatizó que “trabajamos con seres humanos, no con objetos” e instó a fortalecer el trabajo en equipo en favor de la misión y visión institucional. Asimismo, subrayó que la rendición de cuentas “nos permite mejorar la calidad, ser más competitivos, reflexionar y evaluar lo que estamos haciendo”.
En la jornada, los coordinadores presentaron informes que abordaron, entre otros aspectos:
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS y miembro del Consejo de la Defensa Pública, manifestó su reconocimiento al trabajo de los defensores públicos y adelantó que ha conversado con el director de la ONDP para recibir los informes, con el fin de explorar vías de apoyo desde FINJUS y el Consejo. “Valoro el gran trabajo que están realizando en defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, expresó.
La actividad contó con la participación de los miembros del Consejo de la ONDP: Servio Tulio Castaños Guzmán; Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, en representación de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo de la ONDP; César Marte, representante de los defensores públicos; y Guillermo Camilo, representante de los coordinadores.
Con esta jornada, la Oficina Nacional de Defensa Pública reafirma su compromiso con la transparencia, la evaluación constante de sus acciones y el fortalecimiento de la defensa de los derechos fundamentales en la República Dominicana.
Defensa Pública y ONAPREP firman convenio a favor de la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad
Santo Domingo, R. D. – En un acto cargado de simbolismo y compromiso institucional, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en la defensa de los derechos fundamentales y la mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en la República Dominicana.
El acuerdo fue rubricado en la sede de la Defensa Pública por los directores de ambas instituciones: el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la ONDP, y el doctor Roberto Santana, director de ONAPREP.
Durante el acto, el Dr. Santana felicitó a la ONDP por el “grandioso equipo de profesionales” que la conforma, destacando que la magnitud del acuerdo representa un hito significativo en la construcción de un sistema penitenciario más humano. Subrayó la importancia de aunar esfuerzos para garantizar un trato digno y respetuoso hacia las personas privadas de libertad.
De su lado, el Licdo. Rodolfo Valentín Santos resaltó la voluntad política del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a quien reconoció por impulsar una verdadera reforma penitenciaria que garantice el debido proceso y el respeto a la dignidad humana. “Este acuerdo es prueba fehaciente de que estamos avanzando hacia un sistema penal más justo y humano”, afirmó.
Un compromiso con la transformación penitenciaria
El convenio establece un régimen de colaboración mutua orientado a:
Continuar brindando asistencia legal gratuita con alta calidad a personas privadas de libertad.
Reducir la población en prisión preventiva.
Fortalecer la reinserción social de los beneficiarios de medidas alternativas a la prisión.
La ONDP se compromete, entre otras acciones, a:
Reforma penitenciaria: un mandato presidencial
Este convenio se enmarca en las acciones emanadas del Decreto núm. 240-24, mediante el cual el presidente Luis Abinader creó ONAPREP como órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, con la misión de coordinar y dirigir los esfuerzos de reforma del sistema penitenciario y correccional en apoyo al Ministerio Público.
En tanto, la ONDP, órgano constitucional regulado por la Ley 277-04 y consagrado en el artículo 176 de la Constitución de 2024, continúa cumpliendo su misión de garantizar el acceso a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad, a través de una asistencia legal de calidad, técnica y humana, prestada por un equipo con alta vocación de servicio.
Un paso firme hacia una justicia más humana
Con la firma de este convenio, ambas instituciones ratifican su compromiso con la construcción de un sistema de justicia que promueva la dignidad humana, combata el uso excesivo de la prisión preventiva y favorezca una reforma penitenciaria integral, con enfoque en los derechos humanos y la reintegración efectiva de quienes cumplen una sanción penal.
Director de Defensa Pública imparte conferencia sobre las cualidades de un abogado litigante de excelencia en UFHEC Baní
Baní, R.D. – El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, impartió la conferencia magistral titulada “Cualidades y atributos de un abogado litigante de excelencia”, en un evento académico celebrado en el campus Baní de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).
La actividad, organizada por la Dirección de Postgrado y la Escuela de Derecho de la universidad, se desarrolló a casa llena, con una amplia participación de estudiantes, docentes, profesionales del derecho y autoridades académicas.
Durante su intervención, el licenciado Valentín Santos abordó con profundidad los elementos esenciales que distinguen a un abogado litigante destacado, enfatizando valores como la ética profesional, la preparación técnica, el dominio del proceso penal, la argumentación jurídica efectiva y el compromiso con la justicia.
La conferencia fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes valoraron la cercanía, experiencia y claridad del expositor, así como su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones de juristas.
La presencia del director de la Defensa Pública en este espacio académico reafirma el compromiso de la institución con la formación continua, la excelencia profesional y la promoción de una defensa técnica de calidad en todo el territorio nacional.
Instituciones acuerdan implementar justicia terapéutica y de reinserción social
El Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación interinstitucional para la implementación del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ).
El acto de firma del acuerdo estuvo presidido por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina. Al promover la rehabilitación y reinserción social, las entidades buscan unir voluntades con el objetivo de ofrecer un enfoque integral basado en justicia terapéutica cuando se trata de personas diagnosticadas con uso problemático de drogas.
La firma del documento estuvo a cargo del director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, en representación del Consejo del Poder Judicial; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah Lajam; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro De Jesús Abreu; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama Olivero; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral, Santo Rosario Ramírez.
Al dirigirse a los presentes, Henry Molina sostuvo que el acuerdo expresa un compromiso colectivo con la dignidad de las personas, con la rehabilitación sobre la exclusión y con la justicia que escucha, acompaña y transforma. “Porque sabemos que detrás de cada caso hay una historia, y que muchas veces, la respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que las personas con consumo problemático de sustancias no son criminales, sino seres humanos atravesados por el dolor, la exclusión y la ausencia de oportunidades.
De su lado, la magistrada Yeni Berenice destacó la importancia del acuerdo para muchos jóvenes que demandan atención de salud y para un sistema de justicia cuyo fin siempre será, como lo establece la Constitución, el de reinsertar al individuo a la sociedad.
Valoró el cambio de visión que viene experimentando el Ministerio Público que, en la actualidad, “no procesa consumo a nivel nacional”. “Algunas personas dicen: ´hay un caso de consumo´. No; puede que haya un caso de consumo, pero vinculado a otros delitos, a armas de fuego, a una violencia de género, a otros delitos con unas connotaciones que son ya distintas”, apuntó.
Asimismo, Alejandro Abreu tildó de complejo el tema de las drogas, del que dijo amenaza la estabilidad familiar, razón por la que propuso poner en marcha un plan de indicadores para medir los resultados del acuerdo, el cual, aseguró, beneficiará a muchas personas en su camino hacia la rehabilitación social.
El acuerdo contempla la intervención de equipos profesionales de salud mental y trabajo social, con la supervisión de un tribunal y la participación del fiscal y la defensa, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas imputadas en delitos menores por encontrarse en situación de vulnerabilidad múltiple debido al consumo problemático de drogas y estar sujeta a un proceso judicial.
El convenio está fundamentado en el respeto de la dignidad humana y el derecho de acceso a la justicia, favoreciendo la integración familiar y el bienestar social en procura de una justicia más inclusiva y accesible para todos y todas en el marco del primer eje del Plan Estratégico del Poder Judicial.
Asimismo, garantizan que los procesos judiciales se resuelvan en el menor tiempo posible, respetando la dignidad y los derechos fundamentales de las partes involucradas, evitando la revictimización.
El Poder Judicial, a través de jueces y juezas de instrucción y de ejecución de la pena, tendrá un rol clave en la celebración de audiencias y supervisión del cumplimiento del tratamiento, asegurando un enfoque respetuoso de los derechos humanos y la normativa vigente.
El acuerdo contempla la designación de personal técnico para dar seguimiento al mismo, en un plazo de treinta días posterior a su firma. Tiene como fundamento los postulados de la justicia terapéutica, entendida como el “estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales, en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas”.
Este paso reafirma el compromiso de las instituciones de fortalecer el sistema de justicia y ofrecer alternativas humanas y efectivas para la atención de personas en conflicto con la ley por la comisión de delitos menores y que necesitan atención médica y psicológica, promoviendo una justicia más justa, inclusiva y digna.
En la firma del acuerdo, que tuvo lugar en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, estuvieron presentes María Garabito Ramírez, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega, jueces del alto tribunal; y la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional; así como jueces de otras instancias, fiscales y miembros de la comunidad jurídica.
Además, Esteban De La Torre Ribadeneira, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la República Dominicana, entre otros invitados especiales.
Director de la Defensa Pública afirma que acatará decisión de la Suprema Corte de Justicia
Santo Domingo.– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm. 001-022-2025-SRLS-00393, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de Defensa Pública. El recurso cuestionaba la decisión dónde el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que, a solicitud del Ministerio Público, requirió a la Defensa Pública la designación de defensores para brindar asistencia legal a empresas privadas, cuyos propietarios ya estaban siendo asistidos por defensores públicos.
El director de la Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, expresó:
“Somos un órgano constitucional con autonomía reforzada, garantes del debido proceso y defensores de los derechos fundamentales. Pero, sobre todo, somos respetuosos de las leyes, normas y decisiones emitidas por los tribunales de la República. Por tanto, procuraremos dar cumplimiento a la decisión emitida por el más alto tribunal. ¡Se pueden ganar batallas, pero no la guerra!”, advirtió.
La Constitución dominicana, en su artículo 176, establece:
“El Servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que, por cualquier causa, no estén asistidas por abogados.”
Cuando la ley se refiere a personas jurídicas, las llama por su nombre. Pero cuando se refiere a personas físicas, utiliza el término "persona(s)". Ejemplos de esto se encuentran en los artículos 38, 39, 40, 56, 59, 60, 61, 63, entre otros. Lo mismo ocurre con la Ley núm. 277-04 sobre el Servicio de Asistencia Legal Gratuita. “Hago esta acotación porque, en la decisión originaria, el Ministerio Público fundamentó su requerimiento alegando que ni la Constitución ni la ley distinguen entre personas físicas y jurídicas, lo cual constituye, a nuestro entender, una interpretación errada”, subrayó Valentín.
Como coordinador de las Defensorías Públicas del Caribe y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), el licenciado Valentín recordó que no tiene conocimiento de que exista en América Latina alguna defensoría pública que preste servicios legales gratuitos a empresas, comercios, organismos o industrias. “Eso tampoco ocurre en los Estados Unidos —que tanto referenciamos—, donde, si una persona solicita asistencia legal pública, la institución evalúa, a partir de su código de área o 'zip code', si puede pagar su defensa. Incluso, en algunos casos, se le otorga un crédito para cubrir el costo una vez finalizada la asistencia”, puntualizó.
El director expresó su preocupación por las implicaciones que podría tener la decisión del tribunal, al temer una avalancha de solicitudes por parte de empresas y organismos privados para recibir asistencia de defensores públicos, a requerimiento del Ministerio Público, en materias altamente complejas como derecho societario, corporativo, civil, y temas vinculados a juntas o consejos empresariales. A esto se suma —dijo— la falta de defensores especializados, recordando que la institución arrastra un déficit aproximado de 250 defensores a nivel nacional.
“No nos cabe la menor duda de que el Ministerio Público celebra esta decisión favorable, pero con ese mismo interés e ímpetu con que procura asistencia legal para empresas privadas, debería también mostrar un compromiso firme con la representación de víctimas en materias como tierra, civil, laboral, administrativa, niñez y adolescencia, y defensa del consumidor”, enfatizó Valentín.
Finalmente, el director no descartó la posibilidad de elevar el tema al Tribunal Constitucional, al considerar que se trata de un asunto de especial interés, y que desborda la interpretación restrictiva del artículo 176 de la Constitución. “Es importante reiterar que somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, sin perjuicio de los recursos oq acciones que podamos interponer contra una decisión que consideramos incorrecta”, concluyó.
Se recuerda que la Oficina Nacional de Defensa Pública es la entidad de abogados más grande del país, y brinda asistencia legal gratuita con profesionales de muy alta calidad y compromiso con la justicia social.
Defensa Pública recibe a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios (COOPROUNI)
Santo Domingo.- El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, recibió en la sede de la institución una visita de cortesía por parte de representantes de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios, INC. (COOPROUNI).
Durante el encuentro, ambas partes conversaron sobre las funciones que desempeñan sus respectivas instituciones y exploraron posibles vías de colaboración en beneficio de sus miembros y del fortalecimiento institucional.
La Defensa Pública continúa promoviendo alianzas que sumen al bienestar y al desarrollo de su equipo humano y de la sociedad en general. ⚖️✨
Director de la Defensa Pública participa en reunión de la Conferencia de las Altas Cortes y Organismos Constitucionales
Santo Domingo, R. D.– El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, participó en la reunión de la Conferencia de las Altas Cortes y Organismos Constitucionales, celebrada en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Durante el encuentro se abordaron temas clave relacionados con el fortalecimiento del Estado de derecho, la independencia judicial y la necesidad de una mayor articulación institucional entre los órganos que conforman el sistema de justicia de la República Dominicana.
La reunión tuvo como objetivo principal establecer los lineamientos y mecanismos de funcionamiento que regirán a la Conferencia como espacio permanente de coordinación y diálogo entre las altas instancias del Poder Judicial y los órganos constitucionales del país.
La participación del titular de la Defensa Pública reafirma el compromiso de la institución con una justicia accesible, garante de los derechos fundamentales y plenamente alineada con los principios constitucionales. Asimismo, evidencia la voluntad de fortalecer la colaboración interinstitucional en favor de una justicia más efectiva, inclusiva y democrática.
