Santo Domingo.-En el mes septiembre del 2021 fueron reestablecidas las visitas al destacamento policial de Moca, siendo realizadas a la fecha un total de 29 visitas, verificándose las condiciones de los detenidos, los cuales se encuentran en hacinamiento, toda vez que luego de dictadas las medidas de coerción no son trasladados al centro, por lo que se procedió a tramitar el traslado de los mismos al Centro de Corrección Isleta-Moca, de igual forma  la Coordinadora de la Defensa Pública de Espaillat, Licda. Elizabeth Rodríguez, procedió a gestionar a través de los comedores económicos raciones de comida para los detenidos, ya que algunos provienen de familias muy pobres y no pueden llevarles alimentos mientras están detenido, además en coordinación con la Procuraduría Fiscal se trabaja para el descongestionamiento de la celda preventiva. La falta de traslado viene en razón de la falta de espacios en el CCR-Isleta- Moca, así como muchas veces los Jueces que conocen las medidas de coerción, no entregan la resolución a tiempo, y en ese sentido se han realizados quejas por retardo de Justicia.

Se demandó la necesidad de proveer de mascarillas a los detenidos y así evitar  la propagación del Covid-19, vigilando además porque los que tengan alguna condición de discapacidad sean atendidos adecuadamente, ya que nos encontramos con un ciudadano con discapacidad motora, en ese orden velamos porque el mismo estuviese en condiciones dignas y se le proporcionara silla de rueda.

La Defensa Pública en su labor de visitas y supervisiones constantes a los centros privativos de libertad, permite verificar las condiciones en que se encuentran los mismos ante posibles vulneraciones de derechos que se estén produciendo en su contra, cumpliendo así con el mandato constitucional que no es más que garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia.”  Así como lo que establece la ley 277-04 en su art. 29.4 a saber: “Concurrir regularmente a los lugares de detención y asistir a las visitas carcelarias”  garantizando así el respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad.

Santo Domingo.-El 28 de Octubre del año 2021 fue realizado el acto de presentación de la Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad y su Protocolo de Actuación, con el acompañamiento de la AIDEF y el programa para la cohesión social EUROSOCIAL.

La finalidad de esta  Red es  lograr apoyo entre las distintas Defensorías Públicas que integran la AIDEF y poder garantizar el verdadero acceso a la justicia de las personas migrantes en contexto de movilidad  internacional. Este protocolo nos permite lograr una interacción, a través del cual se contraen varios compromisos, que son medulares en este proceso.

El Protocolo va a generar un intercambio tanto de información como un acercamiento para poder lograr que extranjeros en nuestros países, de necesitar cualquier documentación urgente y necesaria para resolver su proceso, se pueda localizar y presentar en su caso a través de esta Red.

La defensora enlace o punto focal por la Defensa Publica de Republica Dominicana será la Licda. Andrea Sánchez, Coordinadora Grupos Vulnerables, quien representará la ONDP y dará seguimiento a los requerimientos de la Red, así como, canalizar las solicitudes realizadas a favor de los migrantes. En la actividad participo de la Licda. Ramona Curiel Duran, Directora Técnica.

Santo Domingo.-Palabras de nuestro director nacional, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos durante acto solemne de la XXV juramentación de abogados dedicada a la trayectoria del doctor Almanzor González Canahuate, por sus grandes aportes al derecho en el país. 

Esta juramentación virtual de 308 abogadas y 222 abogados fue realizada el jueves 28 de octubre de este 2021.

Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Defensa Pública asiste en los primeros 9 meses de este año 2021 completamente gratis a 111,591 personas que no contaban con recursos económicos. 

De estas 111,591 personas; 107,008 fueron atendidas mediante la Jurisdicción de Ordinaria (Personas Adultas) y 4,583 correspondieron a la Jurisdicción Penal Juvenil. Son varias las vías por las cuales la institución es contactada para atender a quienes requieren del servicio de defensa pública, a continuación un detalle pormenorizado por las personas atendidas por oficinas:

En Santo Domingo se atendió a 25,788 personas, La Vega 13,246 , Monte Plata 9,455, Santiago 7,907, Santo Domingo Oeste 6,894, La Romana 5,703, San Pedro de Macorís 4,597, Cotuí 4,366, Distrito Nacional 3,644, San Juan de la Maguana 3,154, Bonao 3,054, San Cristóbal 2,767, Barahona 2,260, Montecristi 2,257, Mao 1,875, San José de Ocoa 1,786, Moca 1,756, Baní 1,663, Seybo 1,354, Puerto Plata 1,140, Higüey 1,089, Villa Altagracia 1,085, San Francisco Macorís 985, Neyba 824, Hato Mayor 648, Santiago Rodríguez 428, Constanza 421, Azua 418, Dajabón 401, Salcedo 278, Pedernales 203, Elías Piña 145. 

De la Población general de personas atendidas por la ONDP, ingresaron de Ordinario 14,160 casos (13,133 Hombres y 1,027 Mujeres); y, de Adolescentes 1,003 (910 niños y 93 niñas).

De los casos ingresados 897 representan extranjeros, de los cuales 853 representan casos ordinarios y 44 a niños, niñas y adolescentes, traducidos en 826 del sexo masculino y 71 del femenino. De estos extranjeros asistidos los ciudadanos Haitianos ocupan el primer lugar de la lista con 871 personas (804 son hombres y 67 mujeres), 6 venezolanos, 4 Norte Americanos (3 son hombres y 1 mujer), 3 chinos, 2 colombianos, 2 Peruanos (1 es un hombre y una mujer), 1 Alemán, 1 Argentino, 1 Español, 1 Holandesa, 1 Italiano, 1 Mexicana, 1 Neerlandés, 1 Puertorriqueño y 1 Ruso. 

La Defensa Pública representa al usuario en conflicto con la ley penal, que por cualquier causa carezcan de un abogado, así como llevar a cabo cualquier acción que tienda a asegurar los derechos de los asistidos; desde el primer acto del procedimiento hasta la desvinculación del sistema penal. Los defensores públicos no reciben influencias o presiones internas o externas en el ejercicio de sus funciones, porque tienen independencia funcional. 

San Cristóbal.- El coordinador de la Oficina de Defensa Pública del Departamento de San Cristóbal Licdo. Miguel Ángel Roa Cabrera, en compañía del Sub-Coordinador de la misma, Licdo. Julio Cesar Dotel Pérez, sostuvieron una reunión con el director de centro Penitenciario de Najayo Hombres (CCR-XX), el Licdo. Luis Gabriel Victoria, llevada a cabo en las instalaciones de dicho centro, en la que coordinaron la logística a desarrollar para la realización de una jornada de captación de los casos de privados de libertad de forma preventiva, cuyos procesos penales fueron abandonados por sus abogados privados, así como con los internos condenados que cumplen una sanción definitiva y no tienen abogados privados. También coordinaron la realización de charlas educativas sobre temas jurídicos de interés a sus procesos.

 A propósito de una visita presencial que realizara la coordinadora de la Defensa Pública Santiago, Daisy Valerio Ulloa, en compañía de colaboradores paralegales de la institución, a la cárcel Pública de la Vega, en fecha 08/09/21, en el acercamiento con los internos de dicho centro, entre otras situaciones se detectó, que el interno ORLANDO TORRES MARTINEZ, cursaba una privación de libertad que sobrepasaba los límites de la cuantía de la pena impuesta. En tal situación, el defensor público Isaías Pérez Rivas le fue asignado el expediente, en la que de inmediato dada la urgencia, procedió a profundizar la situación procesal y en el que pudo comprobar que ciertamente el estado de privación de libertad del señor ORLANDO TORRES MARTINEZ, sobrepasaba de forma escandalosa el término de la condena impuesta resultando esta privación ilegal e inhumana.-

Se detectó que estuvo representado por abogado privado, y que el ciudadano ORLANDO TORRES MARTINEZ, fue detenido mediante acta de registro y arresto de persona de fecha 26/07/2014, siendo conocido la vista de medida de coerción por ante el Juez de Atención Permanente en fecha 29/07/2014, imponiéndosele la prisión preventiva por imputación de simple posesión de drogas (Ley 50-88), tal y como se hace constar en la resolución de medida cautelar No. 1206/2014 d/f 29/07/2014. (Vista el acta de registro de Persona y resolución de medida cautelar anexa).-

A raíz de dicho proceso y mientras se mantenía en prisión preventiva, mediante el Auto de Apertura a Juicio No. 030-2015 d/f 29/01/2015, le fue otorgada la variación de la medida por cautelar de prisión por la de presentación periódica, libertad que pudo recobrar.-

Ya en la fase de Juicio en fecha 15/01/2016 se declaró en rebeldía y en fecha 27/11/19 mediante el Acta de audiencia No. 371-2019-TACT-00847 de la Cuarta Sala Penal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de

Santiago le fue levantada el estado de rebeldía, pero imponiéndole la prisión preventiva.-

Luego mediante la Sentencia No. 371-2019-SSEN-00194 d/f 20/12/2019, Cuarta Sala Penal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, se condenó a ORLANDO TORRES MARTINEZ, a cumplir una condena a 6 meses de prisión acogiendo la suspensión condicional de la pena (1 mes de prisión y 5 meses suspensivos) y una multa de RD$1,500.00 pesos, por violación a ley 50-88 en la categoría de simple posesión, no siendo la decisión anterior objeto del recurso de apelación según se comprueba en la CERTIFICACION DE NO APELACION de fecha 10/09/21, por lo que la misma adquirió la autoridad de la cosa Juzgada, con competencia para el Juez del Ejecución de la Pena.-

Un notorio perjuicio, pues a pesar de que este ciudadano fue condenado cumplir solo seis (06) meses, específicamente un mes en prisión y el beneficio de cinco (5) meses bajo suspensión condicional de la pena, según del cómputo simple de su estadía en prisión tenemos que al inicio duro, desde su detención hasta variación de la medida a través del auto de apertura, 6 meses y 3 días privado de libertad más lo computado desde el levantamiento de la rebeldía y la imposición de prisión preventiva hasta la fechai en que pudimos solicitar con urgencia al Juez de la Ejecución de la Pena de la Vega, de 1 año 9 meses y 26 días privado de libertad. En total sufrió una privación de 2 años 4 meses privados de libertad, a pesar de que en principio solo le fue dictado 1 mes de prisión preventiva (Ver decisiones anexas).-

Ante la solicitud de urgencia al Juez de la Ejecución de la Pena de la Vega, el cual de forma oportuna como ameritaban las circunstancias, en fecha 21/09/21 se dispuso la extinción total de condena de privación de libertad (incluyendo los 5 meses suspensivos condicionales y el pago de la multa de los RD$1,500.00, ORDENANDO LA LIBERTAD INMEDIATA, siendo efectiva la libertad en fecha 22/09/21.

Este grave descuido en perjuicio del impetrante es razón suficiente para que dentro del fundamento de Justicia, dignidad y humanidad este ciudadano deba ser resarcido como mínima compensación por los daños y perjuicios provocados por el tiempo en exceso de prisión.

Distrito Nacional.- Con miras a motivar el personal de la Defensa Pública del Distrito Nacional se presentó la campaña “Eres un orgullo nuestro” y fue seleccionada Vicmary Alfonsina García Jiménez.

Vicmary Alfonsina García Jiménez. Licenciada en Derecho, con el honor Summa Cum Laude, egresada de la Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (UNAPEC) en el año dos mil diecisiete (2017).

Es egresada del Programa de la segunda Formación de Abogados Adscritos 2018, Luego pasa a formar parte del programa de Aspirantes que imparte la Escuela Nacional de la Judicatura, pasando a ser Defensora Pública el 2 de octubre del año 2020, siendo designada para prestar servicios en el Departamento Judicial del Distrito Nacional.

Dentro del ámbito de formación académica participó en el debate interuniversitario de las naciones unidas, en la Ciudad de Nueva York, sobre ¨Los Refugiados en Siria¨, NYDRMUN – 2015. También en el Modelo de la Unión Europea ¨MUE - 2015¨. Posee Diplomado en litigación Penal, Academia Jurídica Nacional, 2018. Así como cursos, seminarios, talleres y jornadas de capacitación completan su curriculum académico.

Actualmente, cursa la Maestría de Derecho Procesal Penal y Penal Contemporáneo en la Universidad UAPA

Santo Domingo.-El Director Nacional de Defensa Pública, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, realizo Visita de cortesía en San Juan de la Maguana al Presidente General de la Corte de Apelación, Manuel Ramírez Suzaña, a la  Presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelaciones, Maritza Ramírez, Ana Mirca Acosta, primera sustituta de la corte de apelación, los Jueces Miembros de la Corte, Arsenio Alcántara Pérez, José Miguel García Mateo y Paula Olivero.

Acompaño al Director Nacional en esta visita la Directora Técnica, Lcda. Ramona Curiel.

Otra visita realizada fue al Procurador Fiscal Titular de Elías Piña, Ramil Cadete, donde abordaron temas sobre los servicios de justicia de la zona.

Por igual el Director Nacional de Defensa Publica visito a la Procuradora Fiscal  Titular de Las Matas de farfán , Margie Viloria.

San Juan de la Maguana.- El director nacional de la Defensa Pública, Licdo. Rodolfo Valentín Santos posesiono como nuevo Coordinador del Departamento Judicial de la Provincia de San Juan de la Maguana al Lic. Cirilo Mercedes.

Cirilo Mercedes. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2004 y del Programa de Aspirantes a Defensor Público impartido por la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2010.

Dentro del ámbito de formación académica posee maestría en Derecho Procesal Penal (UASD); cursos, seminarios y talleres auspiciados por la ONDP y otros organismos internacionales.

Posee 10 años desempeñando el cargo de Defensor Público en el departamento San Juan de la Maguana, lugar donde fue elegido como defensor del año de manera consecutiva en los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y un reconocimiento por haber obtenido la calificación más alta en la Evaluación de Desempeño de esa Jurisdicción en el periodo 2011/2013.

Distrito Nacional.- El Sistema Defensa Max - ONDP es una Herramienta Digital que permite transparentar los datos de todos los procesos que tiene la institución y las gestiones realizadas en cada proceso, facilitando además, la recolección de información de forma rápida y efectiva. También permite contrarrestar la carga administrativa que tienen los Defensores Públicos, Abogados Adscritos Contratados y Abogados de Oficio, así como, la organización de los procesos a sus cargos; como, la agilización de las solicitudes al personal técnico administrativo (Paralegal, Trabajador Social e Investigador Público).

La Lcda. Rosanna Ramos Reyes, coordinadora del departamento de evaluación de la gestión, en su rol de dar asesoría, seguimiento y asistencia a todos los usuarios del Sistema Defensa Max, conjuntamente con la Lcda. Ilonka Ygnacio Medrano, auxiliar de evaluación de la gestión, presta atención a la preocupación de los Coordinadores/ras de que su personal esté capacitado en el manejo y correcto uso del Sistema Defensa Max. Es por ello, que consciente de cómo este sistema contribuye en la organización y mejora de la gestión de las oficinas, acude a la solicitud realizada por la coordinadora de la oficina de Azua, Lcda. Juana Bautista De La Cruz González, impartiendo un Taller sobre Manejo y Uso del Sistema Defensa Max – ONDP.